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Diario de actualidad jurídica de Lex Nova • Miércoles 01.Junio.2016

REFORMA LOCAL

Entra en vigor la reforma de la Administración local

31/12/2013 · 08:09 · Redacción

   
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La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, que hoy entra en vigor, revisa las disposiciones relativas al completo estatuto jurídico de la Administración local, contenidas en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local para avanzar, según el Gobierno, en el principio "una Administración una competencia".

La reforma de la Administración local persigue, según señala la Exposición de Motivos de la Ley 27/2013, varios objetivos básicos:

  • clarificar las competencias municipales para evitar duplicidades con las competencias de otras Administraciones de forma que se haga efectivo el principio «una Administración una competencia»,
  • racionalizar la estructura organizativa de la Administración local de acuerdo con los principios de eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera,
  • garantizar un control financiero y presupuestario más riguroso y
  • favorecer la iniciativa económica privada evitando intervenciones administrativas desproporcionadas.

Clarificación de competencias municipales

Respecto al objetivo de clarificar las competencias locales y avanzar en el principio «una Administración una competencia», el Gobierno defiende que se trata de “evitar los problemas de solapamientos competenciales entre Administraciones hasta ahora existentes”, porque la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, “diseñó un modelo competencial que ha dado lugar a disfuncionalidades”, generando “concurrencia competencial entre varias Administraciones Públicas, duplicidad en la prestación de servicios, o que los Ayuntamientos presten servicios sin un título competencial específico que les habilite y sin contar con los recursos adecuados” dando lugar a “la duplicidad de competencias entre Administraciones”.

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Además el Ejecutivo justifica reforma porque el sistema competencial de los Municipios españoles es “un modelo excesivamente complejo” que provoca que se difumine la responsabilidad de los gobiernos locales en su ejercicio y se confunda con los ámbitos competenciales propios de otras Administraciones Públicas, generando el desconcierto de los ciudadanos que desconocen cuál es la Administración responsable de los servicios públicos.

La Ley 27/2013 reforma la Administración local para tratar de definir con precisión las competencias que deben ser desarrolladas por la Administración local, diferenciándolas de las competencias estatales y autonómicas, enumerando un listado de materias en que los municipios han de ejercer, en todo caso, competencias propias, estableciéndose una reserva formal de ley para su determinación, así como una serie de garantías para su concreción y ejercicio. Como el objetivo es que las Entidades Locales no vuelvan a asumir competencias que no les atribuye la ley y para las que no cuenten con la financiación adecuada, solo podrán ejercer competencias distintas de las propias o de las atribuidas por delegación cuando no se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda municipal, y no se incurra en un supuesto de ejecución simultánea del mismo servicio público con otra Administración Pública.

En cuanto a la delegación de competencias estatales o autonómicas en los municipios, ésta deberá ir acompañada de la correspondiente dotación presupuestaria, su duración no será inferior a los 5 años y la Administración que delega se reservará los mecanismos de control precisos para asegurar la adecuada prestación del servicio delegado.

Otra de las medidas adoptadas en la Ley que reforma la administración local es la de reforzar el papel de las Diputaciones Provinciales, Cabildos, Consejos insulares o entidades equivalentes, mediante la coordinación por las Diputaciones de determinados servicios mínimos en los municipios con población inferior a 20.000 habitantes o la atribución a éstas de nuevas funciones como la prestación de servicios de recaudación tributaria, administración electrónica o contratación centralizada en los municipios con población inferior a 20.000 habitantes, su participación activa en la elaboración y seguimiento en los planes económico-financieros o las labores de coordinación y supervisión, en colaboración con las Comunidades Autónomas, de los procesos de fusión de Municipios.

Fusión de municipios

La Ley 27/2013 introduce, por primera vez, medidas concretas para fomentar la fusión voluntaria de municipios de forma que se potencie a los municipios que se fusionan ya que contribuyen a racionalizar sus estructuras y superar la atomización del mapa municipal, entre las que se encuentran

  • el incremento de su financiación,
  • la preferencia en la asignación de planes de cooperación local o de subvenciones, o
  • la dispensa en la prestación de nuevos servicios obligatorios como consecuencia del aumento poblacional.
  • Además, si se acordara entre los municipios fusionados alguno de ellos podría funcionar como forma de organización desconcentrada, lo que permitiría conservar la identidad territorial y denominación de los municipios fusionados aunque pierdan su personalidad jurídica.


Por último, estas medidas de fusiones municipales incentivadas, que encuentran respaldo en la más reciente jurisprudencia constitucional, STC 103/2013, de 25 de abril, supondrán, en definitiva, que los municipios fusionados percibirán un aumento de la financiación en la medida en que los municipios de menor población recibirán menos financiación.

Reestructuración del sector público local

La Ley 27/2013 incluye una revisión del conjunto de las entidades instrumentales que conforman el sector público local, una racionalización de sus órganos de gobierno y una ordenación responsable de las retribuciones del personal al servicio de las Corporaciones locales, cualquiera que sea la naturaleza jurídica de su relación con la Administración.

La reforma trata de impedir la participación o constitución de entidades instrumentales por las Entidades Locales cuando estén sujetas a un plan económico-financiero o a un plan de ajuste. En cuanto a las existentes que se encuentren en situación deficitaria se les exige su saneamiento, y, si éste no se produce, se deberá proceder a su disolución. Por último, se prohíbe, en todo caso, la creación de entidades instrumentales de segundo nivel, es decir unidades controladas por otras, que, a su vez, lo estén por las Entidades Locales. Esta prohibición, motivada por razones de eficiencia y de racionalidad económica, obliga a la disolución de aquellas que ya existan a la entrada en vigor de la presente norma en el plazo previsto.

Coste efectivo de los servicios

Asimismo, como medida de transparencia, la Ley 27/2013 establece la obligación de determinar el coste efectivo de los servicios que prestan las Entidades Locales, de acuerdo con criterios comunes, y se dispone su remisión al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para su publicación. Esta medida se considera un paso fundamental en la mejora de la información disponible, eliminando asimetrías, para la toma de decisiones de los ciudadanos y de la Administración, y contribuirá de forma permanente al aumento de la eficiencia. En este sentido, con la publicación agregada de la información de todos los costes efectivos de los servicios prestados por todas las Entidades Locales el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas contribuye a garantizar el cumplimiento del principio de eficiencia de conformidad con el artículo 7 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Control financiero y presupuestario más riguroso

Para lograr un control económico-presupuestario más riguroso, la Ley 27/2013 refuerza el papel de la función interventora en las Entidades Locales: a partir de ahora el Gobierno fijará las normas sobre los procedimientos de control, metodología de aplicación, criterios de actuación, así como derechos y deberes en el desarrollo de las funciones públicas necesarias en todas las Corporaciones locales, haciendo posible la aplicación generalizada de técnicas, como la auditoría en sus diversas vertientes, a las Entidades Locales en términos homogéneos a los desarrollados en otros ámbitos del sector público, para lo que se contará con la participación de la Intervención General de la Administración del Estado.

Favorecer la iniciativa económica privada

Para favorecer la iniciativa económica privada, evitando intervenciones administrativas desproporcionadas, se limita el uso de autorizaciones administrativas para iniciar una actividad económica a casos en los que su necesidad y proporcionalidad queden claramente justificadas. Asimismo, se suprimen monopolios municipales que venían heredados del pasado y que recaen sobre sectores económicos pujantes en la actualidad.

   
   
   
   

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