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Diario de actualidad jurídica de Lex Nova • Martes 28.Junio.2016

SEGÚN UNA ABOGADA GENERAL DEL TJUE

Las normas españolas que regulan los desahucios vulneran el derecho comunitario

08/11/2012 · 12:01 · Redacción

   
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Concentración de Stop desahucios
Las conclusiones de la abogada general del Tribunal de Justicia de la UE (TUE), Juliane Kokott, en el Asunto C-415/11, "Petición de decisión prejudicial presentada por el Juzgado Mercantil de Barcelona (España) el 8 de agosto de 2011- Mohamed Aziz / Caixa dEstalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa (Catalunyacaixa) señalan que la normativa española que regula los desahucios vulnera la normativa comunitaria por no garantizar adecuadamente la protección de los consumidores frente a posibles cláusulas abusivas en las hipotecas.

La petición de decisión prejudicial fue presentada por un juzgado mercantil de Barcelona que debía conocer de la denuncia presentada por un particular contra CatalunyaCaixa, que le expulsó de su vivienda en enero de 2011 por no pagar la hipoteca, y que demanda la nulidad de una cláusula del préstamo hipotecario y, por extensión, del procedimiento judicial de ejecución hipotecaria.

Como recuerda la abogada del TJUE "al no existir en el Derecho de la Unión una armonización de las medidas nacionales de ejecución forzosa, corresponde al ordenamiento jurídico interno de los Estados miembros, en virtud del principio de autonomía procesal de estos últimos, establecer la regulación procesal"; pero teniendo en cuenta que esa libertad "está limitada por el principio de equivalencia y por el principio de efectividad".

  • Principio de equivalencia: la regulación procesal de las acciones destinadas a garantizar la tutela de los derechos que el ordenamiento jurídico de la Unión confiere a los justiciables no debe ser menos favorable que la referente a recursos semejantes de Derecho interno. En el caso concreto, el artículo 698 de la LEC no sólo excluye que en el procedimiento ejecutivo se oponga el carácter abusivo de las cláusulas, sino en general todo motivo de oposición que se refiera a la nulidad del título.
     
  • Principio de efectividad: la regulación procesal nacional no puede conducir a que se obstaculice la invocación de los derechos garantizados al consumidor por la Directiva 93/13. Como señala la Abogada del TJUE "según jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia, cada caso en el que se plantee la cuestión de si una disposición procesal nacional hace imposible o excesivamente difícil la aplicación del Derecho de la Unión debe analizarse teniendo en cuenta el lugar que ocupa dicha disposición dentro del conjunto del procedimiento y el desarrollo y las peculiaridades de éste ante las diversas instancias nacionales."

Pues bien, el procedimiento simplificado de ejecución hipotecaria español sólo contempla posibilidades muy restringidas para la protección del deudor, con escasas excepciones que, en opinión del propio juzgado de lo mercantil que realiza la petición de decisión prejudicial, no concurren en el caso, por lo que el deudor debe soportar la ejecución hipotecaria sin que se consideren las posibles cláusulas abusivas. Y sólo en un procedimiento declarativo separado, cuyo objeto es la validez del título, puede el deudor oponerse a la pretensión en que se basa la ejecución y, de este modo, alegar el carácter abusivo de las cláusulas aplicadas.

Pero mediante dicho procedimiento declarativo separado, el deudor tan sólo tiene la posibilidad de intervenir en el reparto del producto de la ejecución o de formular reclamaciones de indemnización por los daños y perjuicios originados por la ejecución. Asimismo, en ese procedimiento declarativo separado, el tribunal tiene la posibilidad de ordenar la retención del producto de la subasta, con objeto de asegurar que también pueda prosperar una eventual reclamación de cantidad del deudor contra el ejecutante.

Por lo tanto, como resume la Abogada General, "aun cuando se opusiera a la ejecución del inmueble el carácter abusivo de una cláusula del contrato de préstamo que subyace a la hipoteca, el consumidor no tendría la posibilidad, con arreglo al Derecho español, de impedir la subasta y la consiguiente pérdida de la propiedad."

La protección del consumidor sólo se produce a posteriori mediante la indemnización de daños y perjuicios, debiendo -como ocurrió en el litigio principal del que traen causa las conclusiones conocidas hoy- de soportar la pérdida de su vivienda.

La consecuencia para la Abogada Juliane Kokottt es que "tal regulación procesal menoscaba la eficacia de la protección que pretende otorgar la Directiva 93/13", por lo que concluye que:

"un sistema de ejecución de títulos notariales sobre bienes hipotecados o pignorados en el que las posibilidades de oposición frente a la ejecución se encuentran restringidas es incompatible con la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, cuando el consumidor, ni en el propio procedimiento ejecutivo ni en un procedimiento judicial separado, puede obtener una tutela jurídica efectiva para ejercitar los derechos reconocidos en dicha Directiva, por ejemplo mediante una resolución judicial que suspenda provisionalmente la ejecución forzosa".

Estas conclusiones no son vinculantes para el Tribunal de Justicia de la UE a la hora de dictar su sentencia, pero en un muy elevado procentaje anticipan el sentido del futuro fallo.

   
   
   
   

Comentarios: 3

   
   
   

• lalo vazquez • 14/11/2012

   

O sea que ya desde Agosto del año pasado (hace ya más de 14 meses) se está tramitando en Luxemburgo la demanda (cuestión prejudicial) del Mohamed Aziz contra el Reino de España... por eso les entró ahora la prisa a nuestros politicastros. Qué gentuza! Y lo des tasas judiciales, qué? Y la Administración
(Tráfico, Seguridad Social, Agencia Tributaria etc.) siguen yéndose de rositas sin tasas, sin costas y prácticamente sin intereses. Así lo seguirán recurriendo todo, hasta ahogar al ciudadano, que tendrá que perder o resignarse de antemano.Maldita España!!

   
   

• lalo vazquez • 14/11/2012

   

O sea que ya desde Agosto del año pasado (hace ya más de 14 meses) se está tramitando en Luxemburgo la demanda (cuestión prejudicial) del Mohamed Aziz contra el Reino de España... por eso les entró ahora la prisa a nuestros politicastros. Qué gentuza! Y lo des tasas judiciales, qué? Y la Administración
(Tráfico, Seguridad Social, Agencia Tributaria etc.) siguen yéndose de rositas sin tasas, sin costas y prácticamente sin intereses. Así lo seguirán recurriendo todo, hasta ahogar al ciudadano, que tendrá que perder o resignarse de antemano.Maldita España!!

   


   
   

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