El Gobierno refuerza la lucha contra el fraude fiscal y laboral y aprueba el proyecto de Ley de Transparencia

El Gobierno ha aprobado la remisión a las Cortes de un Proyecto de Ley por el que se modifica la Ley Orgánica del Código Penal en materia de delito fiscal y contra la Seguridad Social para endurecer las penas contra las conductas más graves.

Soraya Sáenz de Santamaría ha asegurado que el Gobierno va a reaccionar con más contundencia contra el que cometa fraude fiscal cuando la cuota defraudada supere los 600.000 euros, cuando el fraude se haga a través de una organización o banda criminal y cuando se usen testaferros o negocios fiduciarios. En estos casos la pena se eleva a 6 años y la prescripción del delito a 10. "Más tiempo en la cárcel y más tiempo a la Administración Tributaria para perseguir a estos grandes defraudadores", ha señalado.

Además, se endurecen las penas por defraudar a la Seguridad Social. Se reduce la cuantía mínima de la defraudación, que pasa de 120.000 euros a 50.000 euros, y se incluye dentro de esa cuantía toda la deuda no prescrita en un periodo de 4 años.

También se agravarán las sanciones contra quienes empleen a trabajadores de forma masiva con carácter irregular o extranjeros sin autorización laboral.

Lucha contra el fraude laboral y a la Seguridad Social

El Consejo de Ministros acordó la remisión a las Cortes el Proyecto de Ley de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social, que se enmarca en el Plan aprobado el pasado 27 de abril.

La vicepresidenta del Gobierno ha explicado que se amplía de 1 a 3 años el plazo para exigir responsabilidad solidaria en los casos de subcontratación y se potenciará la colaboración de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social con otros organismos que tienen datos de las empresas.

Será infracción grave no cotizar por salarios de tramitación y por las vacaciones devengadas y no disfrutadas. Se considerará muy grave dar ocupación a trabajadores cuyos contratos estén suspendidos u ocuparles a tiempo completo cuando tienen una reducción de jornada, así como comunicar fuera de plazo o no comunicar variaciones de datos a la Seguridad Social.

Transparencia

El Consejo de Ministros del viernes también aprobó la remisión a las Cortes del Proyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. La norma obliga a todos los poderes del Estado y al conjunto de las Administraciones Públicas a contestar cualquier petición de información de cualquier ciudadano que no entre en conflicto con otro interés protegido.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha señalado que la norma, que recoge la mayoría de las sugerencias realizadas por el Consejo de Estado y por la Agencia de Protección de Datos, ha ganado "en rigor y fortaleza" y supone una "nueva filosofía de lo público".

El Gobierno presentó el texto del anteproyecto de ley de transparencia el pasado marzo, y lo sometió a audiencia pública durante 15 días desde el 26 de marzo, recibiendo más de 3.700 observaciones y más de 80.000 visistas.