FACUA rechaza la subida del IVA

FACUA-Consumidores en Acción rechaza tajantemente la subida del IVA anunciada por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que sitúa en el 21% el impuesto general y en el 10% el tipo reducido.

Para la asociación, esta subida de los impuestos al consumo merma sustancialmente el ya de por sí reducido poder adquisitivo de los ciudadanos, que además tienen que hacer frente a medidas como la reducción de la prestación por desempleo o la eliminación de la paga extra a los funcionarios.

Productos tan esenciales como algunos alimentos, medicamentos o prótesis; y servicios elementales como los sanitarios, culturales, deportivos, el transporte público o el suministro de agua; dejan de tributar al 8% del que gozaban hasta ahora como IVA reducido por criterios sociales y serán gravados a un 10%, alerta FACUA.

La asociación no entiende cómo el Gobierno pretende sacar al país de la crisis económica con este tipo de medidas que, lejos de reactivar la economía, empobrecen a la población y limitan su poder de consumo.

FACUA denuncia que esta medida sólo puede provocar mayor exclusión social especialmente en colectivos como enfermos y jubilados, que además de la subida de los impuestos reducidos sobre los servicios sanitarios, medicamentos o prótesis, han sufrido también los recientes medicamentazo y copago farmacéutico ya denunciados por FACUA.

Suma y sigue contra los consumidores

Esta nueva subida del tipo promovida por Mariano Rajoy, que se suma a la practicada por José Luis Rodríguez Zapatero en 2010, es un suma y sigue en las medidas llevadas a cabo por el Gobierno en perjuicio de los ciudadanos, con cada vez más derechos recortados y contra la grave situación económica que atraviesa multitud de consumidores.

FACUA reclama al presidente Rajoy que busque fórmulas realmente solidarias, que afecten especialmente a las rentas más altas y a las empresas con mayores beneficios, y pide la implantación de un más que necesario gravamen sobre las transacciones financieras. El mayor sacrificio fiscal debería ser exigido por el Gobierno a quienes más tienen, y no al revés, señala la asociación.