El Gobierno insta a las CCAA a integrar los procedimientos de tramitación del expediente ambiental para las empresas

CEOE y CEPYME proponen el impulso de medios electrónicos, la reducción de la documentación a presentar y la integración de los procedimientos entre las tres administraciones; la reducción de cargas administrativas en el procedimiento de Autorización Integrada conllevaría un ahorro de 383 millones de euros para las empresas entre 2013 y 2015.

El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha presentado el "Estudio de la Autorización Ambiental Integrada", en el que las organizaciones empresariales CEOE-CEPYME formulan una serie de propuestas de mejora de la regulación y simplificación para la tramitación del expediente ambiental para las empresas.

Durante su intervención, Beteta señaló que el Gobierno tiene entre sus prioridades la reducción de cargas administrativas, especialmente para las empresas, con el fin de impulsar el crecimiento económico. Para ello instará a las comunidades autónomas a reducir las cargas administrativas en materia de autorización ambiental integrada.

Según concluye el informe de CEOE-CEPYME, en las 10 comunidades autónomas en las que ya se ha implantado, el tiempo para la tramitación del expediente ambiental para las empresas se ha reducido a la mitad.

La puesta en marcha de estas recomendaciones, junto con el hecho de simplificar el procedimiento de renovación de autorizaciones ambientales, supondría un ahorro de 383 millones de euros entre 2013 y 2015.

En la presentación del Informe también participaron los secretarios generales de CEOE y de CEPYME, José María Lacasa y Gonzalo Garnica,

Simplificar la Autorización Ambiental Integrada

La Autorización Ambiental Integrada (AAI) permite, a los solos efectos de control del medio ambiente y de la salud de las personas, explotar la totalidad o parte de una instalación bajo determinadas condiciones. Regulada en la Ley 16/2002, integra y sustituye un gran número de autorizaciones de carácter sectorial (emisiones a la atmosfera, vertidos, residuos, suelos, ruidos etc.) que antes se otorgaban de manera independiente por las autoridades competentes sectoriales.

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha elegido este procedimiento para el estudio de reducción de cargas administrativas por varias razones:

• En su tramitación participan los tres niveles territoriales de la Administración
• Es uno de los procedimientos más complejos y en el que mayor volumen de datos hay que aportar en las fases de consulta interadministrativa, información y participación pública
• El coste que supone para las empresas el cumplimiento de la gran cantidad de obligaciones administrativas que conlleva el procedimiento;
• Se está revisando su regulación básica, como consecuencia de la transposición de la directiva 2010/75/UE sobre las emisiones industriales.

Las propuestas de mejora de la regulación y simplificación del actual procedimiento para otorgar una Autorización Ambiental Integrada formuladas por CEOE y CEPYME se agrupan en tres grandes bloques:

1. Integración de procedimientos de distintas administraciones públicas. La tramitación de la Autorización Ambiental Integrada se solapa en el tiempo con la Evaluación de Impacto Ambiental, e involucra a los tres niveles de la Administración: local, autonómico y estatal. Las organizaciones empresariales proponen que las 7 comunidades autónomas que todavía no han regulado la AAI hagan coincidir en el tiempo los trámites de Audiencia Pública y Publicidad de los dos trámites.
    
2. Impulso del uso de los medios electrónicos. CEOE y CEPYME proponen que la tramitación de la AAI se pueda gestionar por vía electrónica, lo que conllevaría una reducción considerable del tiempo de entrega de documentación y en la tramitación de expedientes.
    
3. Reducción del número de documentos a aportar por parte de las empresas. Las asociaciones proponen que la presentación de documentación se reduzca al mínimo indispensable. Esta recomendación está en línea con el acuerdo para la simplificación documental en los procedimientos administrativos que afectan a la ciudadanía, aprobado el día 3 de junio de 2011, por el que se dejan de exigir a los ciudadanos y a las empresas documentos que ya obren en poder de la Administración.

El informe cuantifica un ahorro de 383 millones de euros para las empresas si estas recomendaciones se tuvieran en cuenta para las más de 5.000instalaciones que tienen que renovar su Autorización Ambiental Integrada entre 2013 y 2015, y que en la actualidad suponen un coste en recursos humanos y material enorme para las empresas.

Asimismo, el secretario de Estado coincidió con las asociaciones empresariales en afirmar que la actividad económica debe estar en plena consonancia y total respeto del medio ambiente y, que la información y participación de las partes interesadas constituye una doble garantía de este equilibrio. Al mismo tiempo, señaló, hay que recuperar la sintonía de estos elementos con la necesidad de favorecer el espíritu de empresa, la innovación y la creación de riqueza y empleo.