Propuestas de los partidos en materia de Justicia

Resumen de las propuestas que los programas electorales de los principales partidos políticos de ámbito nacional, Partido Socialista Obrero Español, Partido Popular, Izquierda Unida y UPYD, contienen en materia de justicia para la próxima legislatura.

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL

 
Incremento del número de jueces y fiscales y reforma de la planta judicial.

Reforma del sistema de acceso a la carrera judicial y fiscal.
• Cambio de las pruebas memorísticas por aprendizaje más contextual y analítico vinculado a los estudios de postgrado y a la realización de pruebas en los juzgados y con un período de prácticas de al menos un año bajo la supervisión de un juez titular.
• Garantía del principio de igualdad de oportunidades a través de becas y ayudas.
 
Revisión del sistema de promoción en la carrera judicial y fiscal:  fomento de la productividad de jueces y fiscales a partir de criterios objetivos, transparentes, y evaluables.
 
Establecimiento de una lista de espera judicial de asuntos pública: la ley determinará qué se considerará como espera excesiva, debiendo el titular del Juzgado elaborar un plan para su reducción.
 
Encomienda de la instrucción penal al Ministerio Fiscal: los jueces se convertirán así en los auténticos garantes de la investigación y de todo el proceso penal.
 
Creación de la figura del “investigado”: diferente de la del imputado y del procesado, nadie podrá ser imputado si antes no ha sido investigado.
 
Culminación de la reforma de la legislación procesal para simplificar y desformalizar los procedimientos:
• Implantación definitiva de la nueva oficina judicial.
• Reforma del sistema de seguridad jurídica preventiva (Notarios y Registrados), para evitar duplicidades, ahorrar costes a los ciudadanos y suprimir cargas.
• Nuevo Código de Comercio y  reforma del libro IV del Código Civil “De las obligaciones y contratos”  para potenciar la unidad de mercado y favorecer y actualizar las reglas del tráfico jurídico y mercantil.
• Implantación completa de las TIC en los Juzgados y Tribunales en 2020.
• Aplicación de la reciente reforma del Registro Civil.
 
Impulso del acuerdo para la renovación de los órganos constitucionales.
 
Reforma de la LOPJ para adaptar la administración de justicia a las CCAA de acuerdo con las reformas de los Estatutos de Autonomía.
 

PARTIDO POPULAR

 
Modernización de la justicia
• Reforma y simplificación de procedimientos, reforzando el principio de oralidad y revisando el sistema de recursos, cuantías y costas procesales.
• Incorporación de los juicios rápidos al ámbito civil.
• Informatización plena y la interoperabilidad de los sistemas de gestión procesal.
• Desarrollo de la jurisdicción voluntaria mediante una ley específica.
• Desjudicialización de determinadas materias sin menoscabo de las garantías ni de la eficacia sancionadora.
• Fomento de la mediación y el arbitraje.
• Extensión de las funciones de los fedatarios públicos en materias que no requieran intervención judicial.
• Fortalecimiento de los títulos ejecutivos y mejora de la ejecución de las sentencias.

Cambio de modelo de la oficina judicial y creación de una agencia que permita conocer en red los datos judiciales y los que constan en los registros públicos relacionados con la Justicia.
 
Nueva ley de enjuiciamiento criminal que agilice la instrucción, aclare la situación procesal de los justiciables e imprima celeridad a las actuaciones.
 
Creación del estatuto de la víctima: relación dederechos, conocimiento de situación procesal y acceso a la  información, protección jurídica, y asistencia social y psicológica.
 
Reforma del sistema de penas del Código Penal:
• Introducción de la prisión permanente revisable.
• Posibilidad de aplicación de medidas de seguridad postpenales.
• Cómputo de beneficios penitenciarios sobre cada una de las penas impuestas.
• Nueva regulación de la multirreincidencia.
 
Reforma del jurado: modelo mixto o escabinado
 
Nueva ley de responsabilidad del menor y nueva regulación de las instituciones de protección y tutela jurídica a menores y discapacitados.
 
Ley reguladora de los servicios a la comunidad.
 
Nueva ley de demarcación y planta judicial.
 
Fortalecimiento de la función casacional del Tribunal Supremo.
 
Reforma del sistema de elección de los vocales del CGPJ: 12 de los 20 miembros serán elegidos de entre y por jueces y magistrados de todas las categorías.
 
Independencia del Ministerio Fiscal: refuerzo de la intervención del Consejo Fiscal en nombramientos y ascensos.
 

IZQUIERDA UNIDA

 
Garantía de la independencia del Poder Judicial:
• Reformar el sistema de elección del TC, CGPJ y del Fiscal General del Estado
• Atribución al Ministerio Fiscal de la Instrucción en el proceso penal.
• Regulación incompatibilidades y requisitos para garantizar que los vocales del CGPJ actúan de forma autónoma.
• Elección y cese del Fiscal General del Estado por las Cortes Generales.
 
Reforma del sistema de acceso a la carrera judicial: eliminación de los ejercicios únicamente memorísticos.
 
Incrementar la ratio de jueces por habitante, para equipararla a la de los países de nuestro entorno.
 
Defensa de la justicia gratuita y oposición a los planes de privatización del Turno de Oficio.
 

UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA

 
Recuperación por el Estado de la competencia exclusiva en materia de Justicia.
 
Incremento del presupuesto y del número de jueces por habitantes.
 
Supresión de los juzgados especializados en violencia de género devolviendo al ámbito de la jurisdicción civil y penal estos asuntos.

Refuerzo de medios para la efectiva ejecución de resoluciones judiciales: optimización de los recursos existentes de averiguación patrimonial y establecimiento de mecanismos de supervisión del personal responsable de la ejecución.
 
Inhabilitación o suspensión automática de los cargos públicos y representantes democráticamente elegidos que incumplan deliberadamente las resoluciones judiciales firmes o que se opongan a la observancia de las leyes.
 
Derogación de normativa procesal de “agilización” o “modernización” que suponga una restricción de la tutela judicial efectiva al suprimir o reducir la posibilidad de recurrir en apelación o casación.
 
Reducción de la litigiosidad:
• Lenguaje más claro y sencillo en el ámbito judicial.
• Fin de la proliferación normativa injustificada.
• Fomento del derecho preventivo: asesoramiento previo a la asunción de derechos y obligaciones, reforzando el papel asesor del notario en los negocios en que intervenga.
• Fomento de pactos reguladores de las consecuencias de las rupturas de pareja
• Aprobación de una Ley de Mediación con incentivos para fomentar su uso, siempre voluntario.
• Modificar la Ley de Arbitraje, limitando el control judicial de la cláusula arbitral a las nulidades patentes, con una tasa para el caso de que se quiera acudir a la jurisdicción ordinaria.
• Ley de Jurisdicción Voluntaria que atribuya competencias
no inherentes a la función jurisdiccional a Notarios y Registradores.
• Modificación de la LEC para fortalecer los títulos ejecutivos, extendiendo el carácter ejecutivo de la escritura pública.
• Incremento de las multas en casos de actuaciones judiciales realizadas con
mala fe procesal o ánimo dilatorio.
 
Penalización del negacionismo de cualquier genocidio o crimen terrorista.
 
Estudiar un nuevo delito de administración desleal de autoridades y cargos públicos: cuando en el ejercicio de sus funciones públicas, causen, por acción u omisión, perjuicios económicamente evaluables.
 
Derogación de la LO 12/2011 para evitar que los jueces, fiscales y secretarios con cargos públicos puedan retornar a su carrera sin perder antigüedad y con preferencia a la hora de elegir destino.